El nuevo ministro de Industria tiene sobre la mesa una papeleta ciertamente complicada, la subida de la tarifa eléctrica. La Comisión Nacional de la Energía, en la que todavía hay representantes importantes del PP aunque la presidencia sea socialista, ha propuesto una subida del precio de la electricidad nada menos que del 11,3% tras haberla subido ya un 3% en el primer trimestre del año.

La subida propuesta tiene por objeto acercar un poco (sólo un poco) los precios de venta de la electricidad a los precios de coste, que se han ido separando gradualmente en los últimos años debido a la empecinada oposición (que algunos atribuyen personalmente al propio Zapatero) del Gobierno a subir las tarifas con diversas excusas, desde su negativo impacto en la inflación hasta el carácter social de este consumo, que afecta de forma muy directa a los bolsillos de los ciudadanos. El distanciamiento entre el precio de venta y el de coste viene acumulando desde hace tiempo un déficit, que en la actualidad se dice que supera ya los 10.000 millones de euros. Por lo tanto, subir las tarifas eléctricas al ritmo de los costes de producción es una exigencia básica para impedir que se sigan almacenando costes que en el futuro habrán de pagarse de igual forma, aunque con intereses añadidos.

La iniciativa legal de proposición de la actualización de tarifas en la electricidad corresponde desde este año a la Comisión de la Energía (CNE). Fue una decisión adoptada hace menos de un año por el Gobierno quizás con la secreta intención de desvincularse del coste político que tiene la revisión periódica de las tarifas de la electricidad. No es un argumento muy convincente ya que como el propio ministro de Industria se ha encargado de matizar tras conocer el veredicto de la Comisión de la Energía, su propuesta no es vinculante para el Gobierno. Es decir, Sebastián puede poner sobre la mesa del Consejo de Ministros la propuesta de subida final que más le apetezca, si bien está obligado a motivarla, lo cual no debe constituir en principio una dificultad insalvable.

El por qué de una subida súbita tan impresionante en los precios de la electricidad tiene una explicación relativamente fácil: los precios de la electricidad se han dejado pudrir a lo largo de estos últimos años con una mezcla de apatía, vaga esperanza de que los costes se moderaran por sí mismos y, sobre todo, que transcurrieran las citas más apremiantes del calendario electoral. Como ya hemos llegado hasta aquí, es decir, con el calendario electoral concluido, con el precio del petróleo por las nubes (más caro aún para las eléctricas debido a la ausencia de agua en los pantanos con los que producir la electricidad más barata del sistema, junto a la nuclear, a la que se sigue mirando con profunda antipatía) y con el globo de los retrasos de tarifa acumulados alcanzando cifras altamente preocupantes (10.000 millones, camino de aumentar aún más hasta final de año), ha llegado la hora de tomar las decisiones definitivas. Es de esperar que esta vez sea así de verdad, una decisión definitiva.

La resolución del problema tarifario de la electricidad no sólo pasa, en suma, por aumentar las tarifas en la proporción políticamente admisible (quizás el 10% provoque un sonrojo, pero no será más que el primero de una serie de ellos, en un asunto que a estas alturas ya no puede ser delegable al próximo gobierno, que tardará cuatro años en llegar) sino en ajustar las piezas del sistema eléctrico, en el que hay muchos descosidos. Por ejemplo, la electricidad subvencionada, naturalmente con cargo a las recargadas tarifas de los restantes consumidores, habitualmente los domésticos.

Las industrias con electricidad subvencionada no reciben esa ayuda por la vía del dinero público, ya que Bruselas lo consideraría ilegal, sino por la vía del desigual reparto de los costes eléctricos totales entre consumidores domésticos e industriales. ¿No habría forma de resolver este sobrecoste que recae sobre los consumidores aprovechando las actuales distorsiones que afectan a la tarifa eléctrica? Claro que en esa tesitura, el Ministerio de Industria abriría un boquete quizás mayor por querer tapar un problema que hasta ahora venía solventando con un poco de opacidad, a costa del sufrido consumidor. Porque suprimir las subvenciones de electricidad a un elevado número de industrias y actividades crearía problemas en sectores industriales intensivos en el consumo energético, sectores que quizás respondían a necesidades interesantes en los años 70 pero que ahora podrían ser objeto de replanteamiento para que cada palo aguante su vela.